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Autora: Emer O’Toole

Madrid es mundialmente famosa por su animada escena LGBTQ +, su multiculturalismo y la hedonista movida madrileña que, sin lugar a dudas, sigue viva. Pero, en el trasfondo de las celebraciones del Orgullo y detrás de los balcones decorados con símbolos feministas, a los vecinos de la Comunidad de Madrid se les niegan las libertades fundamentales. En 2010, el gobierno socialista de Zapatero liberalizó las leyes del aborto en España, sin embargo, quienes buscan atención médica reproductiva todavía se enfrentan a barreras logísticas, culturales y socioeconómicas.

Impedimentos al acceso al aborto en Madrid

A pesar de la disminución del número de asistentes a la iglesia en España, entre la comunidad creyente se encuentran los opositores al aborto más vocales y feroces del país. En la última década, se estima que más de 8000 mujeres en España han sido abordadas por grupos ultracatólicos en las puertas de las clínicas de aborto.

A lo largo de la pandemia, los manifestantes armados con pancartas y rosarios han seguido presionando a las pacientes angustiadas para que cambien de opinión. Políticas y activistas feministas, incluida La Asamblea Feminista de Tetuán, han condenado el vandalismo continuo de instalaciones, como los de la clínica Dator de Madrid.

Otro problema es el de la objeción de conciencia institucional. Los médicos pueden negarse a realizar abortos por motivos morales y algunos hospitales públicos españoles se niegan a facilitar el procedimiento, remitiendo los casos a clínicas privadas. Esto deja a los pacientes en la obligación de desplazarse fuera de su provincia de residencia, lo que supone un gran gasto financiero y un mayor desgaste emocional. 

El impacto de la pandemia

Durante los últimos doce meses, la crisis del coronavirus ha causado dificultades adicionales para acceder a la atención médica reproductiva en la región. En abril del 2020, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha notado una disminución del 20 % en el número de abortos que se realizan en Madrid.

Una combinación de miedo a contraer Covid-19, desafíos logísticos de viajar durante el estado de emergencia y la creencia errónea de que los servicios de aborto se han suspendido podría haber disuadido a las embarazadas de asistir a las citas. La ACAI presenta a su vez otra razón por la que muchos no asistieron: el miedo a las reacciones de sus familias o compañeros de piso.

Dentro de las primeras semanas de la pandemia, Cataluña dictaminó que las citas médicas preaborto obligatorias podrían realizarse electrónicamente para agilizar el proceso, pero el sistema público de salud no ha implementado las mismas medidas a nivel nacional.

Inmigrantes y sanidad en Madrid

Viviana Waisman, de Women’s Link Worldwide, señala la cruel paradoja a la que se enfrentan las mujeres migrantes.  A la difícil decisión de dar un vuelco a sus vidas en busca de una mejor atención médica para sus familias se suma el verse privadas del acceso a los servicios de salud reproductiva una vez llegan a su destino.

Si bien el gobierno de Pedro Sánchez prometió atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados en 2018, el complicado sistema burocrático de Madrid con frecuencia les impide acceder a la atención de urgencia. Médicos del Mundo describió a los 167 migrantes residentes en Madrid que se dirigieron a la ONG en busca de ayuda entre marzo y octubre de 2020 como la “punta del iceberg”.

Anticipándose a este tipo de situaciones al inicio de la pandemia el pasado mes de abril, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidió al gobierno que regularizara urgentemente a los inmigrantes indocumentados. A pesar de esto, a los inmigrantes en situación irregular en mayor estado de vulnerabilidad por padecer cáncer o Covid-19, se les ha negado tratamiento gratuito e incluso pruebas de PCR, según Yo Sí Sanidad Universal.

España ya impone un período de reflexión obligatorio de 3 días a las personas que solicitan la terminación del embarazo dentro del límite de 14 semanas, lo que llevó a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a denunciar la incapacidad del sistema de salud pública de Madrid para brindar servicios de aborto oportunos a las mujeres migrantes. La pandemia ha exacerbado este retraso.

4M: la derecha

Vox ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de presionar a las mujeres para que interrumpan sus embarazos y equipara falsamente el aborto con la eugenesia. El manifiesto más amplio del partido declara su intención de prohibir a los “inmigrantes ilegales” el acceso a la atención médica gratuita y de otorgar a los fetos el mismo derecho a la vida que a sus madres, una postura que, como nos muestra la historia reciente de Irlanda, puede tener consecuencias fatales.

El Partido Popular también adopta una posición paternalista, retratando el aborto como algo de lo que las mujeres necesitan ser salvadas. La cuestionable feminista Díaz Ayuso ha argumentado en ocasiones que el aborto “no es un derecho humano”, y ha demonizado a “inmigrantes y mujeres sin recursos” que, según ella, se someten repetidamente a abortos. Dado que el PP restringió anteriormente el acceso al aborto a las menores y afirmó que la maternidad “es lo que hace a las mujeres, mujeres”, la postura de Ayuso no es de extrañar.

4M: la izquierda

Los partidos de izquierda están comprometidos con la mejora de la salud reproductiva.

Más Madrid reconoce la situación única de las mujeres migrantes, abogando por la atención médica universal, la educación sexual, los anticonceptivos o las interrupciones del embarazo seguras y legales cuando sea necesario. El partido también tiene como objetivo acortar las listas de espera, brindar un mayor apoyo posparto y una baja remunerada para quienes han sufrido abortos espontáneos.

Podemos mantiene una posición similar. Su manifiesto del 4M promete acceso gratuito al aborto y los anticonceptivos, y afirma que garantizará que la píldora del día después esté disponible en todos los centros médicos. El partido también quiere revertir los recortes que han propiciado el cierre de clínicas de salud sexual. En enero de 2020, el Centro Joven de Atención a la Sexualidad de Madrid (CJASM) se vio obligado a cerrar sus puertas los fines de semana, dejando a los jóvenes sin sus servicios virtuales y presenciales de apoyo a la salud sexual en los días en que más los necesitan.

Podemos también destaca que los inmigrantes son ciudadanos y deben tener un acceso libre y justo a los servicios públicos que la mayoría de los madrileños dan por sentados.

Los socialistas apoyaron la reforma del aborto propuesta recientemente por Podemos, y ambos partidos prometieron permitir que las jóvenes puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. El manifiesto del PSOE también impulsa la mejora de la salud sexual y reproductiva.

Seguridad para las mujeres

Legislar en contra de la intervención médica legal y segura no impide que se produzcan abortos, simplemente elimina los abortos seguros. En todo el mundo, cada año se producen más de 25 millones de abortos inseguros, lo que tiene como resultado la muerte innecesaria de miles de embarazadas. Independientemente de los documentos que poseamos, el derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y el futuro es un derecho humano fundamental.

Foto de encabezado © Agata Kubis